El problema no es únicamente que hayamos tenido que esperar el largo y accidentado trayecto de 26 años para aprobar un nuevo Código Penal.

Lo verdaderamente preocupante es que, después de tanto tiempo, seguimos asistiendo a una lamentable falta de consenso, coordinación y decisiones definitivas entre los poderes legislativo y ejecutivo.

Esta situación también revela debilidades en la vigilancia y fiscalización que deberían ejercer los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil sobre asuntos que, por sus implicaciones, ameritan su participación activa y responsable.

Lo ocurrido con el Código Penal no genera una alerta nueva. Más bien confirma una conducta institucional que hemos observado durante años y que, al parecer, no encuentra remedio ni siquiera en las experiencias negativas que hemos acumulado.

Durante un largo período, el proyecto permaneció en manos de una comisión bicameral que lo estudió, revisó y recibió propuestas. Se convocaron vistas públicas y, posteriormente, la iniciativa fue sometida a los plenos de ambas cámaras legislativas, donde resultó aprobada sin mayores reparos.

Luego pasó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su antiguo titular, el doctor Antoliano Peralta, esa dependencia advirtió que algunos artículos establecían penas y tipificaban delitos que podían despertar la alarma de la población o, al menos, de sectores muy concretos de la sociedad.

Según explicó Peralta en el programa En la Mañana por Teleimpacto, la decisión adoptada fue promulgar el código, aun anticipando posibles cuestionamientos, establecer un período de vacatio legis y crear una comisión que formularía observaciones durante el año previo a su entrada en vigor, para luego someterlas al Congreso Nacional.

El tiempo transcurrió y aquella comisión, cuya existencia incluso era desconocida por buena parte de la población, no reaccionó hasta que el código comenzó a provocar preocupación, precisamente cuando se acercaba la fecha de su aplicación. Fue entonces cuando las modificaciones llegaron al Congreso.

Ante esa realidad, uno tiene derecho a preguntarse: ¿era necesaria semejante solución? ¿Por qué las observaciones no se formularon cuando correspondía, devolviendo la pieza al Congreso antes de promulgarla? ¿Se temía a la presión de la opinión pública o se apostó a arreglar las cargas en el camino?

Las leyes no son experimentos. Tampoco puede serlo la tarea de legislar, debido a las profundas consecuencias que cada disposición aprobada y promulgada tiene para la sociedad, la convivencia ciudadana y la seguridad jurídica.
Probablemente, si se hubiese actuado como establece el “librito”, no estaríamos sometidos a una situación en la cual el propio presidente de República tuvo que intervenir y abrir un espacio de diálogo con comunicadores e influenciadores digitales para consensuar reformas que, a juzgar por las declaraciones de Antoliano Peralta, ya habían sido advertidas por el Poder Ejecutivo.

Pero el asunto no termina con las modificaciones introducidas. El Código Penal podría quedar expuesto a nuevas controversias. Será necesario examinar cuidadosamente qué aprobó finalmente el Congreso y qué promulgará el Ejecutivo para determinar si las instituciones, los abogados y los ciudadanos críticos quedan convencidos de que se trata de un instrumento adecuado para combatir la delincuencia y responder a las nuevas modalidades del delito.

De lo contrario, veremos llover recursos y acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, resulta pertinente la advertencia de otro distinguido abogado, Rafael Díaz Filpo, exjuez del Tribunal Constitucional.