¿Justicia tardía en París? Francia liquida el infame Código Negro tras casi dos siglos de olvido legal
La Asamblea Nacional de Francia ha sacudido el escenario político europeo al aprobar por unanimidad, a través de su Comité de Leyes, el proyecto legislativo para derogar de forma definitiva el Código Negro. Este infame conjunto de edictos reales, promulgado originalmente por el rey Luis XIV en 1685 para regular la trata humana y reducir a los esclavos a la condición jurídica de «propiedad», continuaba técnicamente vigente en los archivos de la República. La iniciativa parlamentaria, impulsada por el diputado guadalupeño Max Mathiasin, expone una asombrosa amnesia institucional colectiva que ha reabierto viejas heridas y debates morales sobre el pasado colonial.
La histórica votación multipartidista representa el desenlace de un escándalo que estalló formalmente en el hemiciclo tras una denuncia del grupo parlamentario Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios. Ante el asombro generalizado de los legisladores, se demostró que ni los decretos de abolición de 1848 ni la emblemática Ley Taubira del año 2001—que catalogó a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad—habían eliminado formalmente este texto del ordenamiento jurídico. El propio primer ministro, François Bayrou, tuvo que reconocer públicamente su absoluta ignorancia sobre este vacío legal y se comprometió a forzar su abolición inmediata ante las cámaras.
La propuesta de derogación ha sumado el respaldo explícito de más de 130 diputados de diversas bancadas ideológicas, logrando un consenso absoluto para enterrar lo que juristas internacionales catalogaban como una aberración histórica. Para los defensores de los derechos humanos en las regiones de ultramar, esta resolución no es un simple trámite burocrático, sino un hito imprescindible para sanar la memoria histórica y asumir la responsabilidad ética del Estado. El proyecto de ley ya ha sido incorporado de manera prioritaria en la agenda del pleno legislativo, donde se espera una ratificación unánime y definitiva por parte de todos los bloques políticos.
Paralelamente, la medida ha encendido un intenso debate social en las principales ciudades francesas respecto a la vigencia de los monumentos y homenajes dedicados a las figuras de la era absolutista. Activistas comunitarios exigen que este mea culpa legal se traduzca en una revisión profunda de los textos escolares y en la retirada de iconografía vinculada a Jean-Baptiste Colbert, ministro clave de la corona y redactor de los manuscritos originales del decreto. Los sectores más conservadores, por su parte, advierten sobre el riesgo de juzgar el pasado con criterios contemporáneos, aunque coinciden en la necesidad técnica de higienizar la legislación actual.
Con la mira puesta en la sesión plenaria definitiva, el gobierno francés busca cerrar un capítulo de contradicciones morales que se extendió por trescientos cuarenta y un años en sus registros oficiales. La abolición formal del texto legal representa un paso simbólico de enorme trascendencia para las comunidades afrodescendientes de las Antillas y la Guayana Francesa, cuyos antepasados sufrieron los rigores de un régimen deshumanizante. Al limpiar los códigos de la República de sus vestigios más oscuros, la nación europea intenta enviar un mensaje contundente al mundo sobre su compromiso inquebrantable con los valores universales de libertad e igualdad.