Máximo Calzado denuncia ganancias de $20,000 millones de las ARS y llama a movilización nacional
SANTO DOMINGO,RD.- En una reveladora entrevista en el programa Visión RDN, conducido por el periodista Ariel Lara bajo la producción de Joséfa diaz el destacado abogado Máximo Calzado Reyes denunció que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se han adjudicado beneficios por $20,000 millones de pesos entre los años 2010 y 2024. Calzado afirmó que el Sistema Dominicano de Seguridad Social, amparado en la Ley 87-01, «ni es seguro, ni es social y mucho menos humano», afectando de manera directa la calidad de vida y la salud de más de 11 millones de afiliados en la República Dominicana. ¿Qué exigencias legales plantearon las autoridades y qué acciones de protesta prometen realizar si no obtienen respuesta?
El consultor jurídico de la Asociación Nacional para la Defensa de los Afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (ASONAFI) presentó cifras oficiales de la SISALRIL que muestran un incremento en las ganancias anuales de las ARS del 386%, pasando de $800 millones en 2023 a $3,890 millones de pesos en 2024. Entre los principales reclamos expuestos figuran el insuficiente e incanjeable tope de $12,000 pesos anuales en cobertura de medicamentos (el cual no es acumulativo y se pierde si el afiliado no enferma), el cobro desmedido de copagos médicos por falta de acuerdos con especialistas, la restricción de fármacos con componentes activos similares y las elevadas tarifas de internamiento que deben cubrir los pacientes de su propio bolsillo.
Frente a esta situación, ASONAFI depositó una instancia formal ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) exigiendo elevar la cobertura de medicamentos de $12,000 a por lo menos $30,000 pesos anuales y permitir que dichos fondos sean acumulativos. La entidad otorgó un plazo de seis días al CNSS y a las ARS para abrir una mesa de negociación; de lo contrario, anunciaron que convocarán a marchas y manifestaciones en las calles. Asimismo, hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Salud Pública, a ProConsumidor y especialmente al Defensor del Pueblo para que asuman la protección constitucional de los ciudadanos frente a lo que calificaron como un «atraco a mano armada».