Ocho muertos. Diecisiete heridos, incluyendo siete niños y tres bomberos. Una mujer embarazada sacada de entre los escombros. Familias que aún no saben si podrán recuperar el cuerpo de los suyos porque el edificio de 1930 colapsó sobre una excavación sin control. Así terminó la tarde del miércoles 11 de noviembre en Flatbush, Brooklyn.
El Departamento de Edificios de la Ciudad ya lo dijo con claridad: el colapso fue causado por «operaciones de construcción inseguras en la propiedad adyacente». No fue un accidente de la naturaleza. No fue un acto de Dios. Fue negligencia humana. Fue un sistema que permite que un desarrollador excave un hoyo al lado de un edificio habitado por familias trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, sin las medidas de seguridad necesarias.
Y aquí viene la pregunta que incomoda, la que nadie quiere hacer en el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York y en Albany:
Si el Estado y la Ciudad de Nueva York tienen cientos de millones de dólares para pagar abogados que defiendan a delincuentes, incluso a inmigrantes indocumentados con récord criminal, a través de programas como el New York Immigrant Family Unity Project y fondos de defensa legal universal, ¿por qué no existe una ley que obligue automáticamente al gobierno a cubrir todos los gastos funerales y médicos de las víctimas de tragedias laborales y de construcción como esta en lo que llega la demanda?
LA DOBLE MORAL DEL SANTUARIO
Nadie discute el derecho a la defensa legal. Es constitucional. Pero lo que discute el ciudadano común es la prioridad moral.
Hoy, la Ciudad de Nueva York gasta más de 40 millones de dólares al año solo en abogados para personas en proceso de deportación. El Estado ha destinado más de 100 millones adicionales en los últimos tres presupuestos para representación legal de inmigrantes. Aplaudamos el gesto humanitario, pero preguntémonos:
¿Y quién defiende a José Luis Caguana, de 26 años, ecuatoriano, identificado como una de las víctimas mortales? Él era el inmigrante trabajador. El que no necesitaba un abogado para evitar la deportación, sino un inspector que hubiera detenido esa obra insegura. El que no delinquió, sino que pagó renta en un edificio que el sistema debió proteger.
Para el delincuente hay abogado gratis, inmediato, pagado por los contribuyentes. Para la víctima trabajadora hay un GoFundMe, una cuenta de hospital de 200 mil dólares y una funeraria que cobra 15 mil dólares por repatriar un cuerpo a Ecuador.
LA PROPUESTA: LA LEY DE LAS VÍCTIMAS DE FLATBUSH
Lo que pasó en Flatbush no es la primera vez y no será la última. Cada año, decenas de obreros de la construcción mueren en Nueva York, la mayoría latinos, la mayoría indocumentados o con salarios mínimos. Mueren porque las compañías contratistas violan las normas y luego se declaran en bancarrota para no pagar.
Por eso, esta tragedia debe parir una ley. Propongo la Ley de Protección Integral a Víctimas de Negligencia en la Construcción, con tres puntos innegociables:
1. Fondo Estatal de Indemnización Inmediata: Así como existe un fondo para víctimas del crimen, debe existir un fondo automático que cubra el 100% de los gastos funerarios, repatriación, gastos médicos, trauma psicológico y manutención de 6 meses para las familias de muertos y heridos graves en colapsos y accidentes de obra donde el Departamento de Edificios determine negligencia. Sin necesidad de demandar. Sin esperar 5 años de litigio. El Estado paga primero y luego repite contra el constructor responsable.
2. Responsabilidad Solidaria del Desarrollador y la Ciudad: Si la Ciudad otorgó un permiso y no inspeccionó adecuadamente, es corresponsable. No puede lavarse las manos diciendo «fue el contratista privado». La Ciudad cobra billones en impuestos a la propiedad y permisos de construcción. Parte de ese dinero debe asegurar a quienes viven al lado.
3. Seguro Obligatorio de Vida Pagado por el Dueño de la Obra: Toda excavación profunda al lado de un edificio habitado debe tener una póliza de seguro que cubra automáticamente a cada ocupante del edificio vecino por hasta 500 mil dólares. Sin seguro, no hay permiso de excavación.
Si hay dinero para defender a quien viola la ley, debe haber dinero primero para proteger a quien cumple la ley trabajando, pagando renta y criando a sus hijos.
Ocho ataúdes en Brooklyn no pueden costar menos que una defensa legal en la Corte de Inmigración. Si seguimos por ese camino, el mensaje que estamos mandando es brutal: en Nueva York vale más ser acusado que ser víctima.