SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones demandaron de las autoridades judiciales sí el Partido de la Liberación Dominicana recibió fondos de la Odebrecht a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE & ART 2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana como afirman altos funcionarios de esas empresas en Brasil.
”De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos”, dicen.
Las organizaciones que hacen el pedido son el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ., Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as y la Acción Comunitaria por el Progreso, se pronunciaron desde el Campamento Verde de la Marcha Verde en su 7mo.
“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas. De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la Soberanía Nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantean las organizaciones denunciantes.
Dicen que los breves estados financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas” y recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.
Las organizaciones no confían en el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del PLD y activista político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece el Principio de apoliticidad del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, el cual señala que “ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines.”