• Por MANUEL JIMENEZ

Las sociedades evolucionan de manera permanente. Cambian sus costumbres, aparecen nuevas tecnologías, surgen formas distintas de relacionarse y, lamentablemente, también evolucionan las modalidades del delito.

Esa transformación obliga a los Estados a hacer lo propio, adecuando sus leyes para preservar el orden público, garantizar la convivencia pacífica y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es, precisamente, la esencia del Estado de derecho.

En ese proceso adquiere especial relevancia la función del Congreso Nacional. Su responsabilidad constitucional no consiste únicamente en aprobar leyes, sino en construir el marco jurídico que permita a una sociedad desenvolverse bajo reglas claras, con seguridad jurídica y con instituciones capaces de responder a los desafíos de cada época.

Una legislación que permanece inmóvil mientras la sociedad cambia termina perdiendo eficacia y dejando vacíos que afectan tanto a las víctimas como a la administración de justicia.

Durante más de dos décadas la República Dominicana vivió un debate que parecía no tener fin alrededor de la reforma del Código Penal. El proyecto fue aprobado, observado, modificado, devuelto al Congreso y nuevamente discutido en múltiples ocasiones.

Iglesias, juristas, universidades, organizaciones sociales, gremios profesionales y distintos sectores de la vida nacional tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones. Pocas iniciativas legislativas han sido sometidas a un escrutinio tan amplio y prolongado.

Sin embargo, todo proceso democrático exige que llegue el momento de decidir. Gobernar también implica asumir responsabilidades. El presidente Luis Abinader escuchó los distintos planteamientos, evaluó el texto aprobado por el Congreso y finalmente ejerció la atribución que le confiere la Constitución al promulgar las reformas al nuevo Código Penal.

Desde una perspectiva institucional, esa decisión merece respaldo porque evita que el país continúe atrapado en un ciclo interminable de aplazamientos.

Ninguna legislación nace perfecta. Pretender que una ley solo pueda entrar en vigor cuando haya alcanzado la perfección absoluta equivale, en la práctica, a impedir que exista.

El derecho es una construcción dinámica que se fortalece con la experiencia, con la interpretación de los tribunales, con la doctrina y con las reformas que la realidad va imponiendo. Así ha ocurrido con los grandes códigos del mundo y no existe razón para pensar que la República Dominicana deba recorrer un camino diferente.

Precisamente ahí radica uno de los mayores aciertos de la decisión presidencial. En el mismo decreto mediante el cual fueron promulgadas las reformas introducidas al Código Penal —más de cuarenta modificaciones distribuidas en treinta y dos artículos— también se dispuso la creación de una comisión de juristas encargada de dar seguimiento a la implementación de la nueva legislación y recomendar las reformas que la práctica evidencie como necesarias.

Ese detalle, que algunos han pasado por alto, constituye una demostración de prudencia jurídica. El Gobierno no presenta el Código como una obra inmutable, sino como un instrumento moderno susceptible de perfeccionarse sobre la base de la experiencia.

Es una fórmula inteligente: permitir que la ley entre en vigencia para responder a las necesidades actuales, mientras un equipo especializado observa su aplicación y propone los ajustes que puedan fortalecerla.

También conviene recordar un principio elemental del Estado de derecho: quien cumple la ley no tiene por qué temerle a la ley. El Código Penal no está concebido para perseguir ciudadanos honestos, sino para sancionar conductas delictivas, proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad jurídica.

La promulgación del nuevo Código Penal no representa el final del camino; marca, por el contrario, el inicio de una etapa de evaluación, aplicación y perfeccionamiento continuo.

Así funcionan las democracias sólidas y los sistemas jurídicos modernos. Después de tantos años de debates, el país necesitaba una decisión.

Esa decisión finalmente llegó y, con ella, la República Dominicana comienza a cerrar una deuda legislativa histórica, sin renunciar a la posibilidad de seguir mejorando una norma que, como toda obra humana, podrá perfeccionarse con el tiempo.