El robo de municiones sustraídas de los pertrechos de la Policía Nacional dio un paso decisivo en los tribunales dominicanos en septiembre de 2026. Un juzgado de instrucción ordenó enviar a juicio de fondo a seis implicados, entre ellos un coronel y un capitán, acusados de integrar una red criminal dedicada al tráfico ilícito de pertrechos.
Robo de municiones enfrenta juicio tras Operación Pandora
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió auto de apertura a juicio contra seis de los principales acusados en el esquema de corrupción institucional desmantelado mediante la Operación Pandora. Entre los procesados enviados a la fase de fondo figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Juan Manuel Terrero, señalados como piezas clave dentro de la red delictiva.
Junto a los oficiales superiores, también fueron enviados a juicio los imputados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A Santos Rodríguez se le mantuvieron vigentes las medidas de coerción consistentes en presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida del país, mientras que el tribunal rechazó las solicitudes de procedimiento penal abreviado presentadas por la defensa.
El Ministerio Público acusa formalmente al grupo por la comisión de delitos graves como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. Asimismo, el expediente contempla violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
De acuerdo con las informaciones recopiladas por el periódico AlMomento.net, las investigaciones judiciales demostraron la sustracción masiva de material bélico destinado originalmente al uso oficial de los agentes.
La resolución judicial incluyó la condena acordada de cinco años de prisión domiciliaria para el imputado Marino Antonio Rodríguez Toribio y el cierre definitivo de su empresa comercial.
Impacto institucional y saneamiento en la Policía Nacional
La persecución del robo de municiones a lo interno de la institución policial representa un hito procesal en la lucha contra la impunidad y la corrupción administrativa en la República Dominicana. El desmantelamiento de este entramado busca sentar un precedente contundente para evitar la fuga de pertrechos hacia el mercado negro y grupos delictivos organizados.
Analistas jurídicos y de seguridad ciudadana destacan que el avance de la causa hacia el juicio de fondo permitirá al órgano acusador presentar todo el catálogo probatorio en audiencias públicas. La condena previa lograda mediante acuerdo y la clausura de comercios vinculados al tráfico ilegal fortalecen la teoría del caso construida por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El proceso legal continuará en las próximas semanas con la fijación de la fecha para el inicio del debate oral, público y contradictorio en el tribunal colegiado correspondiente. Las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso de sancionar con todo el peso de la ley los abusos de poder y la apropiación indebida de bienes estatales.
El seguimiento minucioso a esta causa judicial resulta indispensable para garantizar la transparencia en los organismos de control de armas del Estado. La sociedad dominicana permanece atenta a las condenas definitivas que surjan de este proceso penal.
¿Consideras que las sanciones penales contra oficiales involucrados en el tráfico de armas deberían ser más severas para erradicar la corrupción institucional? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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