El pleno del Senado de la República envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el proyecto de resolución sometida por el senador Julito Fulcar, mediante la cual se solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Cedano Paíno Abreu, a disponer que la población asentada en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, municipio Baní, provincia Peravia, sea reconocida en su derecho a permanecer en el lugar donde históricamente ha residido.
La iniciativa, además, contempla la definición y delimitación de los linderos de las Dunas de Baní, con el objetivo de proteger ese patrimonio natural y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad jurídica de las familias de la comunidad.
De forma paralela, el senador Fulcar remitió una carta al alcalde municipal, Ing. Santo Ramírez, y a la presidenta de la Sala Capitular, Carolina Díaz, solicitando que el Ayuntamiento disponga la donación de los terrenos ocupados por los residentes de Salinas de Puerto Hermoso.
En la misiva, el legislador también propuso coordinar con la Liga Municipal Dominicana (LMD) para gestionar los títulos de propiedad individuales, de modo que las familias puedan acceder a mayor seguridad jurídica y oportunidades de desarrollo .
“Estoy convencido de que este paso fortalecerá la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y sentará un precedente positivo de compromiso con las comunidades más vulnerables de nuestra provincia”, expresó Fulcar en la carta.
En los considerandos de la resolución, se destaca que las Dunas de Baní constituyen un patrimonio natural único en el Caribe, cuya preservación es de alto interés público. No obstante, también se reconoce que en Salinas de Puerto Hermoso existe un asentamiento humano con varias décadas de historia, integrado por familias trabajadoras que forman parte del desarrollo económico, social y cultural de la provincia Peravia.
El documento aprobado por el pleno plantea que la definición clara de los límites de la zona protegida permitirá evitar conflictos legales y desalojos forzosos, asegurando que se conjuguen dos objetivos igualmente prioritarios: la conservación ambiental y la protección de los derechos adquiridos por las familias que han habitado la comunidad por generaciones.
La propuesta busca crear un marco de certeza jurídica que contribuya a la paz social en el territorio, al tiempo que refuerce el compromiso del Estado dominicano con la sostenibilidad y el ordenamiento territorial.
La Comisión de Medio Ambiente será la encargada de estudiar la resolución y rendir un informe al pleno, que posteriormente decidirá sobre su aprobación.