Tres muertos en el sur de España en un ajuste de cuentas entre clanes del narcotráfico
Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas este domingo por la noche en un tiroteo registrado en Isla Cristina, una localidad costera de la provincia andaluza de Huelva, cerca de la frontera con Portugal.
Entre los fallecidos se encuentran una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 y un adolescente de 16 años.
Los primeros indicios de la investigación sitúan el crimen dentro de una cadena de enfrentamientos entre familias relacionadas con el narcotráfico.
El ataque se produjo alrededor de las 22.00 horas en la barriada de El Rocío.
Según las primeras pesquisas, dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta y uno de ellos realizó varios disparos con un arma larga antes de huir.
Un joven de 18 años permanece herido de gravedad, mientras que una quinta persona sufrió lesiones leves.
Los investigadores consideran que el objetivo del ataque estaba relacionado con el entorno de un hombre conocido como ‘El Baba’, actualmente en prisión preventiva por un asesinato cometido en septiembre de 2024 en El Torrejón, un barrio de la cercana ciudad de Huelva.
Dos de las víctimas mortales de Isla Cristina eran familiares de ‘El Baba’ y el herido grave pertenece también a su círculo familiar.
El menor fallecido, en cambio, no tendría relación con ninguno de los clanes enfrentados.
La muerte de 2024 abrió una sucesión de represalias que no terminó con la detención del presunto autor.
En los meses posteriores se produjeron ataques contra viviendas, disparos con armas de gran potencia y nuevos enfrentamientos entre ambos entornos familiares.
Isla Cristina ya había registrado en junio de 2025 otro tiroteo mortal vinculado a esta misma escalada.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar a los responsables y reconstruir las circunstancias del ataque, mientras el juzgado ha declarado secretas las actuaciones.
El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia asociada al narcotráfico en Huelva, pocos días después de que la Subdelegación del Gobierno defendiera el refuerzo de la presión policial sobre estas organizaciones y sostuviera que la provincia mantiene unos niveles de criminalidad inferiores a la media nacional.