¿Un parteaguas jurídico en Perú? Pedro Castillo comparece ante la Fiscalía y podría ser el primer mandatario en ejercicio investigado por corrupción
A pesar de que sus abogados intentaron anular la investigación, el presidente de Perú, Pedro Castillo, debe comparecer este viernes a un interrogatorio fiscal para dar testimonio sobre un presunto caso de corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el supuesto líder de un grupo que se encargaba de adjudicar contratos de obra pública a cambio del cobro de coimas.
El presidente peruano ha negado los señalamientos, pero se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia.
Mientras tanto, los abogados del mandatario denuncian que el procedimiento es írrito porque a la luz de la Constitución peruana solo hay tres causales por las cuales se puede investigar a un presidente en ejercicio: por traición a la patria, por impedir elecciones, o por bloquear el funcionamiento del Congreso o los organismos electorales.
No obstante, en esta oportunidad, la Fiscalía de la Nación quiere ir más allá.
El argumento que esgrimen desde la Fiscalía es que el mandatario debería ser acusado ante «la gravedad de las imputaciones» –surgidas a raíz de una investigación previa–, lo que dejaría a Castillo como el primer presidente en funciones investigado por corrupción.
Al menos en las últimas dos décadas, varios de los predecesores de Castillo fueron acusados por corrupción en Perú, pero solo enfrentaron los procesos judiciales una vez que dejaron el cargo.
Sin embargo, la decisión de continuar o no con las pesquisas ahora quedará en manos del juez Juan Carlos Checkle.
«Un presidente siempre está expuesto a denuncias, lo único que cambió en los casos anteriores y el actual es el nombre», argumentó esta semana el abogado de Castillo, Benji Espinoza Ramos.
¿De qué se le acusa?
Según el fiscal general, el presidente peruano habría encabezado una organización criminal que obtuvo beneficios en la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructura, una red en la que también estarían involucrados el exministro de Transportes, Juan Silva; el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y Fray Vásquez Castillo, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
Mientras los abogados defensores de Castillo alegan que la investigación debería ser anulada porque la acusación arranca con una atribución de delito, los representantes de la Fiscalía aducen que el proceso debe continuar porque nunca antes hubo «indicios suficientes de que un presidente en ejercicio estaría usando su alto cargo para liderar una presunta organización criminal enquistada en el aparato del Estado para obtener ganancias ilícitas».
Si el juez determina seguir con la investigación, constituirá un parteaguas para Ministerio Público, ya que por primera vez en su historia podrán indagar a un presidente en ejercicio, más allá de las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución.
Según la Fiscalía, urgen las pesquisas para evitar la destrucción de pruebas.
Este no es el primer proceso que enfrenta Castillo, quien ni siquiera ha cumplido un año en el cargo para el que fue electo.
La anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, dejó una investigación abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, tras los polémicos ascensos en las Fuerzas Armadas de Perú, pero el proceso solo podrá iniciar cuando el presidente culmine su mandato.
A finales del mes pasado, cuando se anunció la nueva investigación, Castillo aseguró que se trataba de «una persecución política irracional» en su contra, que también buscaría afectar a «diferentes ministerios».
«¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la república? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? […] ¿Los problemas del Perú están naciendo recién en este Gobierno?», se cuestionó Castillo en esa oportunidad, tras reiterar que no había robado «ningún centavo al país».
La gestión del mandatario ha estado marcada por la convulsión política desde su asunción, que estuvo en suspenso por las denuncias de «fraude» por parte del Fujimorismo, que finalmente fueron desestimadas. Desde entonces, la oposición ha hecho varios intentos para vacar a Castillo que han fracasado porque no logran conseguir los 87 votos que se requieren.