Probablemente la opinión pública internacional no haya recibido con demasiada sorpresa el reciente “acuerdo histórico” alcanzado entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El propio mandatario estadounidense lo definió como el mayor convenio petrolero de la historia y, por sus dimensiones y condiciones, posiblemente tenga razón.

El entendimiento comprende el desarrollo de 17 campos petroleros, localizados principalmente en la faja del Orinoco y la región del lago de Maracaibo, con reservas probadas estimadas en más de 65,000 millones de barriles.

No se trata, como algunos podrían interpretar, de petróleo ya extraído y listo para ser embarcado, sino de reservas que requerirán enormes inversiones, tecnología y varios años de trabajo para convertirse en producción efectiva.

Estados Unidos adquiriría una participación del 35 % en North American Blue Energy Partners, empresa que recibiría derechos para operar esos campos. Washington tendría, además, acceso garantizado al 20 % de la producción al costo y prioridad para comprar el petróleo restante.

También existen versiones diferentes sobre la duración. El gobierno de Delcy Rodríguez habla de un acuerdo bilateral por 25 años, mientras informaciones divulgadas internacionalmente señalan que la empresa operadora obtendría una concesión de hasta 100 años. Esa diferencia no es pequeña y exige explicaciones claras.

Según Caracas, el convenio permitirá atraer más de 100,000 millones de dólares en inversiones, elevar la producción en esos campos hasta superar 1.5 millones de barriles diarios y generar unos 209,335 millones de dólares en impuestos para el Estado venezolano. Estados Unidos aportaría capital y tecnología; Venezuela, el petróleo, los terrenos y la experiencia de su industria.

Para Washington, las ventajas son evidentes. El acuerdo garantiza acceso prolongado a crudo venezolano, especialmente útil para las refinerías estadounidenses preparadas para procesar petróleo pesado.
También fortalece su seguridad energética, le ofrece opciones para reponer sus reservas estratégicas y reduce la influencia que durante años mantuvieron China, Rusia e Irán sobre Caracas.

Venezuela, naturalmente, no podía permanecer de brazos cruzados frente a unas reservas inmensas mientras su industria petrolera se deterioraba por falta de mantenimiento, corrupción, mala administración, sanciones y ausencia de inversiones. El país necesita recursos cuantiosos para reconstruir oleoductos, refinerías, terminales, redes eléctricas y plantas de procesamiento.

El problema, entonces, no es únicamente el acuerdo. El verdadero acontecimiento político es la metamorfosis experimentada por quienes durante años se presentaron como defensores irreductibles de la soberanía y aseguraron que jamás permitirían que el petróleo venezolano volviera a quedar bajo el dominio de Estados Unidos.

Después de la captura de Nicolás Maduro —quien se mantuvo en el poder desconociendo derechos ciudadanos y los resultados electorales reivindicados por la oposición—, sus antiguos colaboradores han terminado colocando en manos de Washington una parte considerable de los recursos que prometieron defender con discursos revolucionarios.

Trump, un presidente atípico, identificó una oportunidad de oro. En medio de tensiones geopolíticas, conflictos en zonas productoras y preocupación por el suministro energético, aseguró para su país acceso preferencial a las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, sin desembolso directo para el contribuyente estadounidense.

Delcy Rodríguez presenta el convenio como el inicio de la reconstrucción económica. Trump lo exhibe como una victoria para Estados Unidos. Ambos pueden tener parcialmente razón, aunque la distribución final de los beneficios dependerá de las inversiones, la producción real, la seguridad jurídica y la transparencia con que se administren los ingresos.